La iniciativa enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya fue avalada por unanimidad; se implementará mediante programas especiales.
El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la expedición de licencias de conducir permanentes en la entidad, tras avalar la iniciativa enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante sesión extraordinaria, las y los legisladores dieron luz verde a esta reforma que permitirá a las y los sinaloenses tramitar una licencia permanente con un costo de 2 mil 400 pesos. Este nuevo esquema se aplicará únicamente a través de programas especiales que serán anunciados en su momento por el Gobierno del Estado.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, destacó que esta medida no solo representa un beneficio directo para la ciudadanía, sino que también permitirá reducir la carga administrativa en las oficinas encargadas de la expedición de licencias.
Costará menos, menos burocracia, menos trámite, menos preocupación de que se nos venció y nos agarró fuera de base”, expresó.
Nuevas disposiciones
Con la nueva ley, se establecen las siguientes vigencias:
-
La licencia de chofer tendrá una vigencia máxima de cuatro años.
-
La licencia de aprendiz será de hasta dos años.
-
La licencia de conductor de servicio público de transporte tendrá vigencia máxima de un año.
En el caso de las licencias de automovilista y motociclista, podrán expedirse bajo dos modalidades: vigencia determinada o permanente.
La modalidad determinada tendrá una duración máxima de cuatro años, mientras que la modalidad permanente solo podrá otorgarse mediante programas especiales definidos por la autoridad competente, que establecerá términos, condiciones, requisitos, evaluaciones, vigencia operativa y costos aplicables.
Asimismo, se precisó que la licencia permanente no estará sujeta a renovación periódica; sin embargo, podrá ser suspendida, revocada o cancelada conforme a lo establecido en la ley y su reglamento. Su carácter permanente no generará derechos adquiridos en casos de infracciones graves, reincidencias o resoluciones judiciales.